Hermosillo, Sonora; 15 de marzo de 2022.- Para atender y hacer los cambios de fondo que los sonorenses exigen al gobierno estatal en materia de derecho a la movilidad, remuneración de los servidores públicos, combate a la corrupción y establecimientos de órganos internos de control, el Congreso del Estado aprobó el proyecto de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.El diputado Jacobo Mendoza Ruiz dio lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la iniciativa propuesta por el Gobernador del Estado, que tiene como objeto atender cinco temas que se consideran urgentes de darles solución y hacer los cambios de fondo que la sociedad sonorense exige al poder ejecutivo.Detalló que el primer tema da respuesta a la necesidad de que los organismos constitucionalmente autónomos cuenten con órganos internos de control, designados por el Congreso del Estado, esto con el propósito de garantizar plena autonomía en el control interno, en cuanto al desarrollo administrativo, control gubernamental, participación social, vinculación, transparencia y combate a la corrupción.Mendoza Ruiz mencionó que la ley propone suprimir al Consejo de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, suprimir estructuras burocráticas costosas, carentes de eficiencia y transparencia en el sistema de transporte, así garantizar el derecho a la movilidad consagrado en la Carta Magna.Así mismo, se regulariza la remuneración de los servidores públicos, homologando los principios a la constitución federal que marca el artículo 127 de la Constitución Mexicana, en la que nadie podrá tener una remuneración salarial mayor a la del presidente de la república, adecuándose a la competencia estatal, para que todo servidor público reciba una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.En otro aspecto, se propone modificar el periodo de encargo del Fiscal General de Justicia del Estado de 9 a 6 años, para el caso de los Fiscales Especializados la temporalidad del encargo será de cuatro años, se plantea la reducción de plazo y simplificación en el procedimiento de las designaciones correspondientes enunciado en nuestra constitución estatal; asimismo el cargo de los Magistrados se reduce seis años, con probabilidad de ser ratificados, sin exceder un periodo máximo de 12 años, con el propósito de eliminar vicios en la impartición de justicia como la pasividad y el estancamiento de la institución; mientras que el periodo de encargo del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) será de siete años.La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

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