BUSCA DIPUTADA SAGRARIO MONTAÑO QUE CONGRESO SEA UN PUENTE MEDIADOR ENTRE CIUDADANOS  Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO DAN RESPUESTA A UNA SOLICITUD.

·         ¿Qué pasa cuando el derecho del ciudadano es violentado?, ¿qué pasa ante las omisiones de los servidores públicos, o las acciones contrarias a una función pública de calidad?, es en ese momento que comienza un largo y sinuoso camino en busca de respuestas, en busca de justicia o soluciones.

           Hermosillo, Sonora; 07 de junio de 2022.-  El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en voz de la legisladora Sagrario Montaño propone la creación de la comité especial “de justicia para el ciudadano” , la cual surge de la solicitud de intervención de una persona que se encuentra en estado de indefensión, o que considera vulnerados sus derechos, al Poder Legislativo para que sirva de puente entre el ciudadano y el servidor público que no le dio respuesta a una petición, que dio una respuesta insatisfactoria para el ciudadano o que cometió alguna acción u omisión que está perjudicando al usuario.

“Consideramos que el Congreso del Estado como órgano de representación al pueblo, y como el recinto donde se encuentran los representantes del ciudadano, debe convertirse en un ente mediador, proveedor de un espacio de audiencia y acercamiento entre el ciudadano que considera vulnerados sus derechos, y los servidores públicos que hayan intervenido en el asunto”.

Sagrario Montaño enfatizó, que cuando se reciba una solicitud ciudadana que busque la intervención del Poder Legislativo en un determinado asunto, se conformará la comisión de justicia para el ciudadano, la cual tendrá como objetivo proteger el derecho de petición del ciudadano para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: al recibir la solicitud, la Mesa Directiva del Congreso del Estado hará del conocimiento del Pleno para que se conforme la comisión de justicia para el ciudadano para ese asunto en específico, la cual estará conformada por una Presidencia y cuatro diputados y diputadas, la respuesta al ciudadano deberá de darse en un plazo máximo de 15 días, una ampliación o modificación de la misma, o lo que a su derecho convenga. El plazo máximo de respuesta podrá reducirse hasta 72 horas en caso de evidente urgencia.

Sagrario Montaño indicó “muchos pueden ser los casos en que nuestra intervención como poder puede hacer la diferencia para un ciudadano en estado de indefensión, esto sin violentar la autonomía de las instituciones, no se pretende ser un órgano juzgador, se pretende servir al ciudadano siendo un puente mediador entre ellos y los servidores públicos”.

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